Según informa la asociación, “desde el año 2010, no sólo los administradores de las sociedades o entes con personalidad jurídica están sujetos a responsabilidad penal, si no que la misma se aplica directamente a las personas jurídicas. En este caso a las corredurías de seguros”.

Añade que “la Fiscalía General del Estado (Orden Ministerial 1/2015), resalta que para eximir o en su defecto mitigar la responsabilidad de las personas jurídicas, hay que contar con  la implantación, desarrollo y fortalecimiento de un programa de cumplimiento normativo”.

Vía ADN del Seguro